El socio de Aldama logra que el juez rastree un poder que le une al fraude del fuel hidrocarburos

Sostiene que ese documento notarial es el único elemento con el que Pedraz lo vincula a la red de hidrocarburos.

Ángela Poves / Álvaro Olloqui — Madrid  |  La Razón, 25.10.2026

Claudio Rivas (d), socio de Aldama y también investigado en una trama de presunto fraude en el sector de hidrocarburos, a su llegada al Tribunal Supremo este martes donde continúa la investigación sobre el caso Koldo con las declaraciones de varios testigos. Agencia EFE

Claudio Rivas, el ‘socio’ del empresario del «caso Koldo», Víctor de Aldama, y a quien se le vinculó con la presunta compra del chalet gaditano de La Alcaidesa que se alquiló para las vacaciones familiares del exministro José Luis Ábalos, ha logrado que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz –a instancias de la Fiscalía Anticorrupción– investigue el alcance real del poder notarial que él mismo otorgó al empresario Víctor de Aldama el 21 de noviembre de 2022 para que ostentara el poder general sobre Still Growing, la matriz de la operadora Villafuel con la que se acometió un fraude a la Hacienda Pública.

Se trata de un documento, a su juicio, «clave» para desvincularse del «caso Villafuel», en el que se le atribuye el liderazgo de la trama de hidrocarburos que defraudó más de 182 millones de euros. En un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Rivas argumenta que ese poder notarial es el único acto posterior a su salida de la mercantil Still Growing con el que el instructor lo vincula a la estructura empresarial investigada durante los años en los que se habría cometido el fraude del IVA –entre 2022 y 2024–.

En ese documento, enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, la defensa del socio de Aldama argumenta que en todo el procedimiento no hay ninguna «escritura, contrato, operación bancaria o gestión» en la que el apoderado (Aldama) haya actuado en su nombre. De ahí que, el juez haya accedido a su pretensión de requerir al Consejo General del Notariado que compruebe si el comisionista del «caso Koldo» llegó a utilizar ese poder en alguna operación y, en caso afirmativo, se identifiquen la fecha, el notario autorizante y la naturaleza de cada operación.

El objetivo de Rivas es acreditar que el poder notarial no se utilizó para intervenir en la actividad de las empresas investigadas y cuestionar así uno de los elementos en los que se apoya su presunta vinculación con la trama.

De este modo, también recuerda que el propio Aldama en sede judicial declaró que ese poder notarial se trató de un documento «personal, motivado por los asuntos inmobiliarios que ambos tenían en común y por los frecuentes viajes» de Rivas, y que «juraría» que nunca se le había otorgado ningún poder respecto de la empresa matriz de Villafuel, Still Growing.

En este punto, la defensa detalla también que Rivas transmitió a su hermana las participaciones de Still Growing el 2 de agosto de 2021, más de un año antes del inicio del periodo defraudatorio que el propio auto de prisión del 10 de octubre de 2024 sitúa entre 2022 y 2024, de modo que, según dice, en noviembre de 2022 «mal podía apoderar sobre ella a nadie».

Pero, aquella resolución judicial recoge que «desde el 21 de noviembre de 2022, Víctor de Aldama ostenta poder general otorgado por Claudio Rivas sobre la estructura Still Growing SL», cuando Villafuel ya disponía del título de operador de hidrocarburos.

En otro orden de cosas, la defensa cuestiona que es «significativo» que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «no cite un solo instrumento en que ese poder se ejerciera» por parte del empresario, a pesar de que en sus atestados cita «numerosos protocolos notariales» y «reproduce literalmente» las facultades conferidas a Aldama.

«La inferencia de que mi representado mantuvo su vinculación con la estructura más allá de su salida, y dentro del periodo investigado, descansa en ese poder y solo se sostiene si llegó a ejercerse», argumenta la defensa.

La diligencia solicitada por Rivas y amparada por el juez Pedraz permitiría, según la defensa, conocer si existe constancia notarial del ejercicio del poder. Pero un resultado negativo no descartaría por sí solo otras actuaciones realizadas fuera de escritura pública.

En cualquier caso, la ofensiva judicial de Rivas no termina aquí. Su defensa ha solicitado hasta otras cinco diligencias antes de prestar declaración el 3 de diciembre, destinadas a comprobar quién ejercía realmente el control de Villafuel para intentar desligarse de la responsabilidad penal en la defraudación de más de 182 millones de euros a la Agencia Tributaria y de su implicación en la compra del chalé de La Alcaidesa (La Línea de la Concepción) para el disfrute de José Luis Ábalos.

Su estrategia de defensa, adelantada por LA RAZÓN, pasa también por trasladar toda la culpa a Carmen Pano, la mujer que asegura haber llevado en bolsas de plástico 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE.

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