El socio de Aldama se ofrece ahora al juez para dar más datos del fraude de hidrocarburos

Hasta ahora Rivas siempre se había mantenido en silencio. Cargará contra Pano, la de las bolsas en Ferraz.

Pie de foto del original: Claudio Rivas (d), socio de Aldama y también investigado en una trama de presunto fraude en el sector de hidrocarburos, a su llegada al Tribunal Supremo este martes donde continúa la investigación sobre el caso Koldo con las declaraciones de varios testigos. Efe

ÁLVARO OLLOQUI  @aolloqi

Madrid  Creada: 21.09.2026 09:52  |  Última actualización: 21.09.2026 09:52

Claudio Rivas, el «socio» del empresario Víctor de Aldama en los negocios de hidrocarburos, se prepara para pedir su declaración en el caso del millonario fraude de Villafuel a la Agencia Tributaria estimado en alrededor de 182 millones de euros.

En un escrito remitido a la Audiencia Nacional (AN), conocido en primicia por LA RAZÓN, Rivas explica que tiene previsto solicitar en breve poder comparecer voluntariamente ante el juez Santiago Pedraz.

Las fuentes conocedoras de su estrategia consultadas por este diario explican que su plan es tratar de evidenciar la verdadera responsabilidad de Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE de la calle Ferraz, y su hija, Leonor María González Pano, en la millonaria defraudación del IVA en la venta de hidrocarburos vinculada a Villafuel.

Por otro lado, se desmarcará de la adquisición del chalé de la urbanización de La Alcaidesa (Cádiz) que se cedió al exministro José Luis Ábalos, a cambio de las gestiones que hizo ante dos ministerios (Industria y Transición Ecológica) para agilizar la licencia estatal de operadora para la mencionada compañía.

Alegará, en este sentido, que el dinero de la adquisición salió de las Pano y, por ello, se puso a nombre de la sociedad limitada HaveGot Time, administrada únicamente por Leonor María González.

Las referidas fuentes explican que Rivas quiere hacer hincapié en sede judicial en que madre e hija eran «depositarias» y «monopolistas» en el negocio del fuel y no habrían llevado a cabo una «retención» tributaria a la que estaban obligadas por la legislación.

Él, en cambio, alegará que no tenía las mismas obligaciones fiscales, puesto que únicamente ejercía de «intermediario» en las transacciones con los suministros. Asimismo, intentará que se tenga en cuenta que, formalmente, no tiene relación mercantil con Villafuel.

No es que Rivas haya comenzado a colaborar con la Fiscalía, sino que quiere ofrecer información nueva y de interés para el procedimiento para apuntalar la eficacia de su defensa.

De hecho, este cambio en su estrategia –hasta ahora marcada por la negativa a dar explicaciones a las preguntas planteadas en sede judicial– está relacionada con el hecho de que este pasado verano personase a un nuevo abogado defensor.

Eso sí, la que sería su segunda declaración como imputado en esta causa tendrá que esperar a que su representación letrada reciba la copia del contenido de las últimas testificales que se practicaron.

Las de dos trabajadores de Exolum, que almacenaba el combustible de Villafuel, celebradas el pasado mayo; las del empresario Manuel Sallés, que tuvo en nómina a Koldo García tras su salida de Transportes y que avisó a Ábalos de que Rivas iba diciendo que le tenía comprado con el pago de la casa vacacional, y las de Cristian Corvillo, que fue chófer de Pedro Sánchez en el PSOE, y de su hermano, Rubén Jonás, que tuvieron lugar el pasado 3 de septiembre.

«Ninguna de esas grabaciones figura en la copia de las actuaciones», alerta esta parte, que alude a que para declarar necesita conocer con exactitud qué refirieron las mencionadas personas y «salvaguardar el derecho a la defensa»

Estas fuentes dejan claro que, al igual que el comisionista del «caso Koldo», Rivas niega la veracidad de la declaración de Carmen Pano respecto a la entrega de miles de euros en bolsas en el cuartel general de los socialistas como pago por la facilitación de la licencia para Villafuel.

Una versión, la de la empresaria, que sí que refrenda, en cambio, Álvaro Gallego, que ejerció de chófer para Pano en una de ellas. Gallego fue, de hecho, durante muchos años alguien muy cercano a Rivas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene que Rivas y Aldama ejercían la «máxima dirección de esta organización criminal» y «ostentaba la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras».

Los investigadores están convencidos de que Villafuel y entramado societario de comercializadoras de hidrocarburos con las que operaban fue la manera de que Rivas «reactivara la operativa fraudulenta» que había desarrollado presuntamente en Gaslow, una vez estalló la operación policial que la desmontó. De hecho, está ya procesado en este otro procedimiento de fraude del fuel a Hacienda que también instruyó el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la AN.

Tras dos años de instrucción, el juez Pedraz prorrogó el pasado junio durante seis meses más la investigación al estar pendiente la entrega por la UCO de un informe sobre la «numerosa documentación» intervenida en los registros y de los dispositivos electrónicos de la supuesta trama.

El blanqueo de los beneficios

La Fiscalía ya apuntó al desvío a terceros países por parte de Claudio Rivas y del resto de presuntos implicados en el «caso hidrocarburos» de alrededor de 70 millones de euros de los beneficios obtenidos ilícitamente con este fraude en el IVA del fuel aún bajo investigación.

Se les atribuyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Recientemente, la Fiscalía Europea apuntó a que Víctor de Aldama y otros habrían trasladado un total de 27,9 millones de euros de la defraudación a empresas pantallas radicadas en Portugal.

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