El socio de Aldama pide anular su imputación por investigarle a sus espaldas

La defensa de Claudio Rivas cuestiona la validez de las diligencias practicadas en su contra durante el caso Gaslow.

Pie de foto del original: Claudio Rivas, en el centro, comparece como investigado por el fraude de hidrocarburos. Mariscal / Agencia EFE

ÁNGELA POVES

Madrid  Creada: 20.09.2026 02:00  |  Última actualización: 20.09.2026 02:00

Claudio Rivas, socio del empresario del «caso Koldo», Víctor de Aldama, y a quien se le vinculó con la presunta compra del chalet gaditano de La Alcaidesa que se alquiló para las vacaciones familiares del exministro José Luis Ábalos, ha pedido a la Audiencia Nacional que anule su incorporación como investigado al «caso Gaslow».

El empresario, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuyó el liderazgo de tres sociedades vinculadas con el fraude de hidrocarburos de la operadora Gaslow y un blanqueo de capitales cuantificado en más de 20 millones de euros, considera que durante años se acumularon indicios en su contra sin que fuera llamado al procedimiento ni pudiera ejercer sus derechos de defensa.

Su recurso plantea dos consecuencias distintas: por un lado, considera irregulares las diligencias de investigación practicadas fuera de plazo, y por otro, sostiene que su incorporación tardía a la causa provocó una vulneración de su derecho a defenderse.

Rivas, imputado por delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal, falsedad continuada y blanqueo, defiende que es el único de los otros tres considerados «cabecillas» de la trama, que «atravesó toda la instrucción sin acto ni garantía alguna».

El primer motivo que el empresario expone se refiere a la prórroga de la investigación.

Según detalla, el magistrado instructor, Santiago Pedraz, no computó la prórroga «debidamente» y que ello, por una parte, afectó al carácter «irregular» de las posteriores pesquisas de investigación, y por otra parte, vulneró su derecho de defensa respecto a la declaración del investigado acordada y practicada «intempestivamente».

«Confluyen todos y cada uno de los requisitos que desembocan en flagrante indefensión, cualquiera que sea la consideración que a la Sala merezca la tesis del cómputo», se lee en sus alegaciones.

La defensa sitúa el origen del problema en la existencia de dos autos que acordaron formalmente la incoación de las diligencias, fechados el 22 y el 25 de marzo de 2021, respectivamente.

A su juicio, la segunda resolución no podía reiniciar el cómputo porque la causa ya había sido incoada tres días antes. «El defecto es estructural, atañe al mismo suelo del proceso».

Así, asegura que el incorrecto entendimiento de la incoación de la causa provocó un efecto en cascada y cada prórroga no llegó, por tanto, a enlazar con el plazo legal: todas prolongan un «plazo extraordinario» que nunca llegó a soldarse con el ordinario.

Según detalla, la instrucción se desarrolló, en realidad, sin plazo válido: cuatro años y medio de investigación materialmente extemporánea.

La defensa de Rivas sostiene que la incorporación de este al procedimiento se produjo «fenecido» el plazo de la investigación y tras años de una instrucción desarrollada a «sus espaldas», lo que a juicio del letrado, invalida constitucionalmente el procedimiento porque, dice, este empresario no pudo defenderse.

«No tuvo posibilidad alguna –ni jurídica ni material– de conocer que esos indicios se dirigían contra su persona, porque ningún acto del procedimiento se dirigió contra él y los que rozaron su entorno señalaban a otros por decisión del propio órgano instructor».

La defensa sostiene esta tesis de investigación a «las espaldas» en base a un informe de la UCO.

En él, se afirmaba que Rivas era el propietario de dos sociedades relacionadas con el fraude de hidrocarburos, que tenía conexión con la compra de Gaslow, y que había testimonios en los que le llamaban «jefe».

Así, explica, que tales indicios eran suficientes para que Rivas fuera llamado al procedimiento en calidad de imputado y pudiera tener desde entonces «la oportunidad de participar en una instrucción contradictoria».

Además, detalla que los domicilios o las empresas de su cliente, pese a todas esas afirmaciones, no fueron objeto de registro. Tampoco fue detenido ni se le impuso ninguna medida cautelar.

También explica que todas estas «irregularidades» han conllevado que la declaración de Rivas en sede judicial se realizase en «trance extemporáneo» tras más de cuatro años de investigación.

Sobre todo, porque dice que, pese a los indicios contra su persona, no fue imputado y tampoco fue llamado a declarar en plazo.

De hecho, detalla que ni siquiera estaba personado en la causa y que su defensa no recibió los escritos hasta dos meses después de su comparecencia.

«La investigación de una causa dirigida materialmente contra él se prorrogó siete veces sin que pudiera ser parte en ese debate […]. La indefensión es material y concreta, en ningún caso retórica», añade.

El escrito enviado a la AN concluye alegando que después de todo lo argumentado «parece que a Claudio Rivas se le oyó para poder cerrar, no para instruir».

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