Imagen en la que se observa a Guillermo Tormo y el capitán de la Guardia Civil Jesús Fernández en la terraza de un establecimiento.

La Audiencia Nacional investiga si otros dos guardias civiles colaboraron con la presunta organización criminal que en diciembre del año pasado introdujo 1.140 kilos de cocaína por el Puerto de Valencia. En la operación cayó el capitán de la Guardia Civil Jesús Fernández Bolaño, quien estuvo una década al frente de la sección de Fiscal y Fronteras.

El juez ha solicitado pruebas caligráficas a dos agentes que habrían firmado los permisos para que los camiones saliesen de la zona portuaria cargados de droga y sin haber pasado los pertinentes controles. El instructor, Francisco de Jorge, firmó la providencia el pasado 8 de septiembre. Según ha podido saber este periódico, las periciales ya se habrían hecho.

El grupo criminal estaba dirigido, supuestamente, por Guillermo Toro. La investigación señala que contaba con la ayuda de Fernández Bolaño. Por su cargo y conocimientos, su participación era fundamental para poder saltarse los controles del puerto con total seguridad. Además, el capitán se convirtió en «inversor», según los seguimientos y las escuchas realizadas por Asuntos Internos, que vigila a los propios guardias. Las grabaciones han sido recurridas por Francisco Galiana, el abogado de uno de los acusados.

Formas de traer la droga

Según el sumario, la organización tenía dos formas de introducir droga. Uno era a través de flat racks, unos contenedores industriales que no tienen techo ni paredes laterales. Lo que hacían, presuntamente, era comprar piscinas aquí y enviarlas a Sudamérica. Una vez estaban vacíos, los perforaban para introducir la carga ilícita entre la infraestructura.

El segundo, más convencional, era importar fruta, pero detrás de los alimentos estaban los estupefacientes. En uno de estos envíos se incautaron de 1.140 kilos de cocaína en un municipio de Valencia. Lo novedoso, según los investigadores, es que en la base de datos interna duplicaban las matrículas de los contenedores. El capitán, por su cargo, conocía cuáles estaban marcados en origen, es decir, que tenían una alerta por las autoridades de otros países porque tenían sospechas de que llevaban droga.

Al llegar al Puerto de Valencia, los agentes inspeccionaban el contenedor con la matrícula que tenía el aviso. Al ver que sólo llevaba material legal, lo dejaban pasar. Pero también autorizaban los contaminados, ya que esos, al tener un número de identificación distinto al original, no levantaban sospechas.

Firma de permisos

Los dos nuevos guardias civiles sobre los que el juez guarda sospecha entrarían en la operación para sacar la droga del puerto. Para sacar los contenedores, el transportista tiene que contar con un documento que acredite que ha sido revisado y que todo está en orden. Estos papeles los firman agentes, que son los que con su rúbrica y número de identificación asumen que el trabajo se ha hecho correctamente.

En el móvil de uno de los investigados, los análisis de Asuntos Internos han encontrado que disponía de uno de esos permisos antes de la fecha en la que salió el contenedor. Lo habitual es que el permiso se genere el mismo día en el que deja el Puerto. Que la organización lo tuviese previamente y firmado por un guardia civil resulta sospechoso tanto para los investigadores, como para la Fiscalía Antidroga como para el juez. Este último ha ordenado una prueba caligráfica del agente T. M. C, que lleva destinado en la sección de Fiscal y Fronteras del Puerto de Valencia desde 1996.

El segundo agente, A. G. C., lleva en la misma sección desde 2002. En su caso, firmó un permiso similar un año antes. La organización envió presuntamente un contenedor totalmente legal para comprobar que con esos documentos podían sacar los contenedores sin problemas. Este primer papel estaría «aparentemente manipulado», ya que la fecha está escrita «a bolígrafo sobre el propio estampado», lo que «dificulta la nitidez del dígito». Además, el día que se expidió el guardia estaba de vacaciones. Cuando finalmente salió, según la modificación hecha a mano, sí prestaba servicio.

La caída de Bolaño

La operación que acabó con la carrera del capitán Bolaño culminó en diciembre de 2024. Los agentes intervinieron 1.140 kilos de cocaína con la que consiguieron atrapar a parte del entramado. Entre ellos estaba este capitán de la Guardia Civil, al que encontraron unos 200.000 euros en dos registros en su casa. Casi 90.000 los guardaba en el falso techo de su cocina, mientras que el resto estaba en el baño.

La Fiscalía Antidroga apunta a que el capitán tendría dos funciones «claras y definidas». Primero hacía de «informador» por razón de su profesión y cargo. Daba indicaciones de cómo «burlar los controles en el Puerto», y hacía de garante de que las operaciones saliesen bien.

Los investigadores también creen que el agente se convirtió en un «inversor» más de la organización. En una conversación del 13 de junio de 2024, el jefe del grupo le dice que podían ganar «700.000» euros cada uno si invertían 100.000 por cabeza. «Sí, sí. Yo te invierto, vamos, yo también invierto», le respondió el capitán.

Para ambas instituciones, esta conversación es clarificadora. Los agentes aseguran que «evidencia la participación activa del capitán de la Guardia Civil en actividades delictivas, no solo como facilitador, sino como inversor directo de dichas operativa». «Demuestra que ha destinado recursos económicos personales para financiar operativas ilícitas». La aportación económica «le vincula en una continuidad delictiva dentro de la organización criminal».